202004.02
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La expoliación de las rentas de alquiler

El Gobierno ha lanzado un paquete de medidas económicas para paliar el pago del alquiler a los más perjudicados por la crisis del coronavirus que obliga a los grandes fondos tenedores de pisos en renta a renegociar el pago con sus inquilinos o reducirlo un 50% por un máximo de cuatro meses, algo que abre la puerta a que la mayor parte de las sociedades afectadas lancen una avalancha de demandas por no haberse estipulado siquiera la opción de que, por esta renuncia, reciban la indemnización a la que tienen derecho, que les reconoce el artículo 33 de la Constitución y ha sido ratificado en innumerables sentencias tanto del Tribunal Supremo como del propio Constitucional.

El Ministerio de Justicia ya advirtió que se trataba de una “expropiación forzosa”, avalada por el derecho a la propiedad privada y que siempre debe llevar consigo el pago de un justiprecio a modo de indemnización.

La doctrina española ha dejado siempre muy claro que la “función social” de la vivienda obliga a esos propietarios que alquilan sus pisos a ceder ante el interés común y renegociar o rebajar la renta de los más vulnerables y afectados por el virus en su ámbito económico. Pero en el mismo artículo que lo estipula, se establece que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

La jurisprudencia indica que “la subordinación de la riqueza al interés social no justifica su expoliación”, esa “función social” constitucional se creó para avalar operaciones de expropiación justificadas por el interés público, incluso que puede ser válido para aplicarse al caso del coronavirus, pero no se puede confundir esa función social con aquello de que “me lo cojo gratis”, porque eso es confiscatorio y de dudosa validez constitucional.

En el caso de los propietarios particulares con menos de diez viviendas en alquiler, el decreto recomienda negociar a las partes por su cuenta en busca de suavizar la renta a los afectados por la pandemia, siempre con la opción de recurrir a los créditos blandos del Estado en caso de desacuerdo. Según estima el propio decreto, ese colectivo implica a la mayoría de las viviendas alquiladas que hay en España, de forma que los fondos y grandes tenedores controlan un parque de cerca de 115.000 pisos, que no llegan al 3% de todos los hogares que hay en España o, en su caso, en torno a un 15% de todos los pisos alquilados del país.

Una quita selectiva como esta (solo para un tipo de propietarios) con la justificación de que tienen que arrimar el hombro, según las palabras del Vicepresidente Iglesias, y sin compensación es de difícil legalidad, incluso en el estado de alarma. Desde el punto de vista de la técnica jurídica, no se puede obligar a nadie a hacer esa “prestación obligatoria” sin más, porque puede constituir la expoliación de un derecho de crédito. Supone imponerles un tributo sin que haya un beneficio previo que lo justifique.

Precisamente, este vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, justificó las medidas sobre el alquiler en el derecho constitucional a la vivienda que protege a los más vulnerables de los efectos económicos de la pandemia en sentido amplio, paro forzoso, afectados por ERTE y hasta autónomos con recorte de ingresos, por entender que “cada casa es un bien más imprescindible, la trinchera ante el virus para la gente más débil”.

En este Despacho consideramos que las litigaciones se van a producir con muchas opciones de ganar cuando se resuelvan y ya no estemos en plena pandemia. No dudes en consultar con nosotros tu situación.

Información ampliada en La Información

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