202005.06
0
0

Desahucios del inquilino en la crisis del COVID-19


¿Se podrá desahuciar al inquilino después del Estado de Alarma? Sí, con matices.

El artículo 1 de Real Decreto-ley 11/2020 recoge el establecimiento de la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Así, ahora mismo todos los plazos procesales están suspendidos, por lo que todos los procedimientos de desahucio ya iniciados están parados al igual que los lanzamientos que tuvieran una fecha señalada.

Si no hay ningún procedimiento de desahucio iniciado, y el arrendatario no paga la renta del alquiler argumentando que no puede por la crisis económica del Coronavirus, deberemos de estar a lo recogido en el Real Decreto-ley 11/2020 referido a la moratoria de la deuda del alquiler, que ya explicamos en otro artículo días atrás, pero es importante aclarar que tendrá que acreditar que cumple los requisitos para acogerse y, si no hay acuerdo con el arrendador persona física (no gran tenedor), podrá acudir al banco a solicitar un préstamo sin intereses.

Si actualmente el arrendatario adeuda alguna mensualidad procederá la demanda de desahucio, de hecho se pueden presentar escritos y demandas ya en el Juzgado y, tan pronto se levante el Estado de Alarma, el Juzgado la proveerá y la notificará al inquilino.

Una vez el arrendatario haya recibido la demanda, para que se le aplique la suspensión del lanzamiento, el arrendatario deberá presentar un escrito al Juzgado explicando su situación y acreditando que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica a que se refiere el artículo 5 del presente Real Decreto-ley.  

En este sentido, el arrendatario acreditará esta vulnerabilidad acompañando los documentos que se relacionan en el artículo 6 del citado Real Decreto-ley. Si el Letrado de la Administración de Justicia entendiera que concurre la situación de vulnerabilidad económica alegada, decretará la suspensión con carácter retroactivo a la fecha en que aquella se produjo por el tiempo estrictamente necesario, atendido el informe de los servicios sociales.

El decreto que fije la suspensión señalará expresamente que, transcurrido el plazo fijado, se reanudará el cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 o señalará fecha para la vista.

Pero ¿qué ocurre cuando el arrendatario ha solicitado esta suspensión extraordinaria y el arrendador también acredite al Juzgado encontrarse en esta situación de vulnerabilidad?

En caso de que la suspensión extraordinaria afecte a arrendadores que acrediten ante el Juzgado encontrarse igualmente en situación de vulnerabilidad, presentando el escrito y los documentos ya señalados con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comunicarlo a los servicios sociales competentes para su consideración en el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social a adoptar.

En definitiva, en este supuesto el Juzgado estará a la valoración de los Servicios Sociales para acordar el establecimiento del plazo de suspensión.

Nuestra recomendación para arrendador y arrendatario es que podamos interceder en un entendimiento amistoso, no obstante, cuando no hay forma de entenderse siempre cabrá acudir al Juzgado sabiendo que, pese a la posible lentitud, acabará con una resolución ordenando el lanzamiento y condenando al inquilino al pago de todas las rentas no abonadas, más las costas del procedimiento.


Deja tu respuesta

Su dirección email no será publicada. Los campos marcados son obligatorios. *

18 − 11 =