201810.02
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Desalojar “okupas”

El pasado 2 de julio entró en vigor la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas. Nuestro abogado experto en Derecho Inmobiliario, Adolfo Fernández Borche, explica en qué consiste la nueva Ley 5/2018, de 11 de junio, que ampara el derecho de propiedad y además ofrece a los ilegales ocupantes la posibilidad de una ayuda social.  

Ahora podemos aconsejar a los titulares de viviendas despojados de su posesión que sigan el procedimiento instaurado en esta reforma legal. Podrá hacerlo cualquier titular del derecho a poseer una vivienda, salvo entidades con ánimo de lucro, como empresas promotoras, bancos o fondos de pensiones.

Las ventajas que ofrece este nuevo procedimiento de recuperación de la posesión de viviendas ocupadas sin el consentimiento de sus legítimos poseedores son las siguientes:

  •  La rapidez. Si el demandante solicita la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el propio decreto de admisión de la demanda se requerirá a los ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días, título que justifique su situación posesoria. Si no lo aportasen, o el aportado fuera insuficiente, se les ordenará la inmediata devolución de la posesión de la vivienda al demandante; esta resolución en forma de auto no será recurrible. El demandado tan sólo podrá oponerse a la demanda con base en su título posesorio y en la insuficiencia del título aportado por el demandante. Si no contestase la demanda se dictará sentencia de inmediato. Si la sentencia fuese estimatoria, y no se hubiese ejecutado antes el ya indicado desalojo cautelar, podrá, el demandante, instar su ejecución de inmediato sin esperar el plazo de 20 días que para otros casos prevé la Ley (art. 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  • Protección de los ocupantes. En la resolución en la que se acuerda el lanzamiento o desalojo de los ocupantes, si estos consienten, se propiciará la intervención de los servicios públicos competentes en materia de política social, comunicándoles dicha circunstancia a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que procedan.

Abogado Inmobiliario PalmaNuestro experto en Derecho Inmobiliario, Adolfo Fernández Borche, opina que esta reforma ampara el derecho de propiedad ofreciendo seguridad jurídica a las personas que son privadas de la posesión de sus viviendas mediante la fuerza o el engaño. Además se ofrece a los ilegales ocupantes la intervención de los servicios sociales para darles protección en caso de necesitarla pues, en muchas ocasiones, las personas que se ven obligadas a ocupar ilícitamente un bien inmueble lo hacen como medida desesperada ante la falta de medios o ayudas.

Si usted requiere los servicios de un experto abogado para recuperar la posesion de su vivienda podremos ayudarle.

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