202003.27
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El Estado está obligado a indemnizar por las medidas del COVID-19

Nadie tiene la culpa de los daños causados por el virus COVID-19, ahora bien, si a consecuencia de las medidas ordenadas por el Gobierno de España has sufrido un perjuicio económico o de cualquier tipo, tienes derecho a ser indemnizado por el Estado.

La declaración del estado de alarma por el Gobierno mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, está sujeta a nuestro ordenamiento jurídico y, por consiguiente, sometido a control normativo y judicial. Todas esas medidas acordadas mediante el Decreto son de obligado cumplimiento y tienen carácter ejecutivo, por tanto son vinculantes para empresas y particulares. Ahí tenemos la primera causa de lo que vendrá después, y es que tendremos numerosos pleitos para determinar si las administraciones públicas deben responder patrimonialmente de los daños derivados de estas medidas. Desde nuestro punto de vista sí, son responsables.

El Estado de Alarma se regula en la Ley Orgánica 4/81 de Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Dicha Ley, que es de rango superior, establece en su artículo 3.2 que “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

Asimismo el artículo 32 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, indica que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley; ahora bien, difícil será acordar la exculpación argumentando que el Coronavirus es “fuerza mayor” porque hasta donde se sabe, el virus, no ha sido el causante del cierre de ninguna empresa; ha sido la Administración, quien ha ejercido su potestad de control sanitario a consecuencia de una situación que potencialmente sí puede ser calificada de fuerza mayor, pero ello no significa que el daño producido sea consecuencia de la fuerza mayor. Así, entendemos que el coronavirus no ha cerrado ninguna empresa como sí podría haber ocurrido con una desgracia natural como, por ejemplo, un huracán o un incendio que la Administración no haya prevenido, sino que las empresas se han cerrado por una orden directa de la Administración.

En el mismo sentido que lo anterior, el artículo 54 de la Ley 33/2011, General de Salud Pública, indica que “Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo de la persona o empresa responsable”, lo que quiere decir que los costes de, por ejemplo, el cierre, no son indemnizables pero nada se alega de los daños derivados de la medida para el afectado, lo que nos lleva a tener que aplicar la regla general que ya se ha dicho.

Aquellas personas que no se hayan visto compensadas con las medidas, o ayudas, que nuestro Gobierno ha ordenado, como por ejemplo son los empresarios a los que se les ha rechazado el ERTE, los autónomos que no hayan perdido lo suficiente o no lo hayan podido acreditar, los deudores hipotecarios de vivienda no habitual, los arrendadores que queden fuera de las ayudas previstas para el alquiler y tantísimas personas injustamente apartadas del sistema de ayuda, podrán acudir al Juzgado para reivindicar lo que en Derecho les corresponde, que está vigente por lo menos desde el año 1981, y es que sean indemnizadas por esos daños o perjuicios por actos que no les son imputables. 

Desde este Despacho estaremos a disposición de todo aquél que se haya visto afectado por esta crisis. No debemos permitir los abusos y nadie está obligado a soportar las consecuencias de unas medidas errantes o lesivas para sus intereses.

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