EL SUPREMO CONFIRMA LA SENTENCIA SOBRE LAS DEMANDAS POR CLÁUSULAS ABUSIVAS

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a la banca a devolver todos los gastos hipotecarios abusivos, salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos.

La posición del Supremo respecto a la restitución del dinero abonado conforme a cláusulas abusivas es clara: “Debe considerarse que, en principio, una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula”. 

En otras palabras, que si se declara como tal, el cliente no puede ver menoscabados sus derechos y debería restituirse al consumidor el dinero que no debió pagarse en un nuevo pronunciamiento, dicho Tribunal ha estimado el recurso de los consumidores y ha impuesto al banco las costas de la primera instancia, en línea con otro pronunciamiento del pleno (sentencia 419/2017, de 4 de julio) y con la doctrina establecida recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 16 de julio de 2020.

El Supremo considera que si el consumidor, pese a vencer en un litigio sobre cláusulas abusivas, tuviera que pagar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación, no se restablecería la situación que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva y, por tanto, no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos.

En consecuencia, una vez declarada nula y dejada sin efecto por abusiva la cláusula que atribuía todos los gastos al prestatario consumidor, el tribunal debe entrar a analizar a quién, con arreglo a las normas legales y reglamentarias, correspondía satisfacer cada uno de los gastos cuestionados, que, en este caso, se referían al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, a los gastos notariales y a los gastos registrales.

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