202003.24
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La moratoria en las hipotecas a consecuencia del COVID-19

Antes de entrar en detalle con los requisitos para conseguir una moratoria en la hipoteca, medida estrella del Gobierno de España ante la dramática situación por el Coronavirus, ya adelantamos que apenas un pequeño porcentaje de ciudadanos se podrá acoger a ella.

Para empezar cabe apuntar que la moratoria no supone una exoneración, sino un aplazamiento del pago de una cuota (o de cuantas vayan venciendo hasta superar el estado de alarma, aunque el Real Decreto sólo preceptúa UN MES).

La moratoria está limitada a la hipoteca para la adquisición de la vivienda habitual, por lo que la medida excluye a autónomos o pequeños empresarios que tengan una hipoteca sobre el local en el que desarrollan su actividad de negocio, así como tampoco se aplicará a personas que constituyesen un préstamo con garantía hipotecaria para un objetivo distinto a la adquisición de su vivienda.

Si analizamos ahora los requisitos que debe reunir el deudor para acogerse a esta “ayuda” comprobaremos que la medida margina a la mayor parte de la población hipotecada. Apenas son cuatro requisitos, pero deben cumplirse los cuatro; no basta con cumplir uno o dos, sino los cuatro.

El primer requisito es que el hipotecado esté en paro o, si es autónomo, que haya perdido más del 40% de sus ventas.

El segundo requisito es que el conjunto de ingresos de la familia en el mes anterior sea inferior a la cantidad de 1.600 euros, aunque esta cantidad se puede sobrepasar ligeramente en función del número de hijos que se tenga o si hay algún miembro mayor de 65 años o con una discapacidad.

El tercer requisito que se debe cumplir es que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos no alcancen el 35% de los ingresos netos de la familia.

Y el último elemento necesario para la concesión de la moratoria es que la situación económica tiene que haber hecho que el esfuerzo que representa la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado al menos por 1,3. Este cálculo puede resultar algo complicado de realizar, pero en realidad viene a significar que juntando todos los gastos estos deben sumar más del 30% del ingreso excepcionalmente.

Como ya veréis hasta aquí, reunir los cuatro requisitos resultará difícil en un deudor hipotecario, y ello no querrá decir que la situación no sea igualmente difícil para ellos. No obstante, para el supuesto de reunirse estos requisitos, el siguiente paso será conseguir la abundante documentación que se impone por Real Decreto. Mucha de esa documentación obra en poder de las Administraciones Públicas y estas están cerradas al público por Decreto, lo que dificultará su obtención si no se tiene el famoso certificado digital. Así, se necesita un certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo. En caso de cese de actividad de un trabajador por cuenta propia, se necesita un certificado de la AEAT sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

También hay que acreditar el número de personas que habitan la vivienda, con el Libro de familia o un documento acreditativo de pareja de hecho; un certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda que se debe solicitar en el Ayuntamiento (o bien telemáticamente si se puede).

Además, para demostrar la titularidad de los bienes, hay que aportar una nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar, así como la escritura de concesión del préstamo con garantía hipotecaria.

Así, cumpliendo con TODOS los requisitos y juntando TODA la documentación anterior, el siguiente paso será presentarlo en la oficina bancaria, muchas de ellas cerradas al público o sometidas a largas colas por las restricciones horarias. Otra opción es enviarlo por email o a través de las plataformas que algunas de esas entidades ha creado en su página web. Superado todo esto, los bancos tienen 15 días para aplicar la moratoria e informar al Banco de España, o bien denegarla argumentando el motivo.

Ante esta situación compleja, burocrática y, sobretodo, dramática, consideramos no sólo insuficiente la ayuda a las familias hipotecadas, sino equivocada, pues la decisión sobre su concesión estará sujeta al capricho interpretativo de la entidad bancaria, la cual dispone de un plazo de 15 días para resolver y que, obviamente en su mayoría, cargarán sus nuevas cuotas en los próximos días sobre las cuentas bancarias de los afectados. Para el supuesto de no tener saldo bastante, y verse rechazada su solicitud, la entidad bancaria podrá repercutirle al consumidor los intereses de demora preceptivos y la comisión de reclamación oportuna, no habiendo servido de nada la petición desesperada que fuera finalmente rechazada.

En cualquier caso, para aquellos supuestos que no estén amparados por la imposición moratoria del Real Decreto, cabrá la negociación individual e invocar a la comprensión y empatía bancaria, suplicando en el mejor de los casos el aplazamiento de una cuota sólo con intereses ordinarios y, en el peor supuesto, debiendo impagar la cuota con el recargo que supondrá de dos puntos porcentuales más respecto del interés remuneratorio.



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