202009.22
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Nuevas instrucciones de la fiscalía y protocolos sobre las ocupaciones de viviendas

La Fiscalía General del Estado ha dictado nuevas instrucciones en la que indica a los fiscales cómo actuar para frenar “con la mayor inmediatez” las “okupaciones” de inmuebles y restituir el bien a los propietarios mientras se dirime el asunto en los juzgados.

Bajo el número 1/2020 se publican las nuevas instrucciones sobre los criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, la Fiscal General del Estado Dolores Delgado García, junto a su gabinete han confeccionado las medidas y resalta que se puede pedir que se restituya el inmueble en cualquier fase del caso, desde la inicial noticia proveniente de la Policía hasta la fase de juicio.

El escrito analiza los delitos de allanamiento (cuando el inmueble es una vivienda habitada) y de usurpación de inmueble (cuando no es ni primera ni segunda residencia) y marca las pautas que debe seguir el fiscal cuando tenga noticia de su comisión. La instrucción hace especial referencia “a los hechos de esta naturaleza cometidos en el ámbito de la delincuencia organizada”.

Asimismo, también hace referencia a los pasos que se deben seguir en caso que esta índole delictiva de sus hechos y posibles responsables tengan una calificación jurídica inicial, dejando así constancia ante las solicitudes por parte del demandante de alguna medida cautelar de desalojo del inmueble. 

La instrucción que fue publicada con fecha del 15 de septiembre de 2020, también hace referencia a las medidas que se deben tomar en los casos de especial vulnerabilidad de las personas que ocupen el inmueble; comprobando que sean personas en situación de claro desamparo, menores, personas con discapacidad, etc; se tendrán en cuenta estas circunstancias y se pondrán en conocimiento de las Seguridad Social estos hechos para que tomen las medidas oportunas para su protección. 

La finalidad es impedir que los efectos derivados de la ocupación ilegal se prolonguen en el tiempo porque pueden producir perjuicios al propietario tales como ciertos pagos que debe asumir por ostentar la titularidad (agua, luz, gas) además del progresivo deterioro del inmueble ocasionado por los ‘okupas’.

Las dos instrucciones dictadas por el ministerio público tanto en Baleares como en Valencia contaron en el visto bueno de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, por lo que las órdenes que emita Delgado irán por la misma línea de instar a los desalojos, incluso sin necesidad de contar con un permiso judicial, como han indicado en Baleares y Valencia, cuando el delito sea flagrante, ya sea en una primera o segunda residencia, o incluso en bienes en manos de bancos y empresas, para salvaguardar la seguridad de afectados por ocupaciones.

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